La primera unificación política y los primeros planteamientos de una organización del territorio en unidades político-administrativas fueron realizados por el Imperio Romano. Desde ese momento, a finales del siglo III a C, muchas han sido las divisiones político-administrativas de España.

Durante el paso del pueblo romano por la península, España (excepto Canarias) se divide en un número creciente de provincias que integran la diócesis de Hispania, parte, a su vez, de la prefectura de la Galia.

Con los visigodos perduran los rasgos de la Hispania romana pero se consolida como Estado independiente con capital en Toledo. Las provincias se dividen en ducados.

Pero las auténticas raíces históricas de las grandes unidades de España se remontan a la Alta Edad Media, tras la conquista musulmana y la formación de los reinos cristianos que, desde el norte, intentan aumentar su territorio. Los límites cambiarán dependiendo de la inestabilidad de los reinos.

Se van marcando las primeras unidades de organización territorial (reinos, ducados, condados…) y surgen los nombres y se delimitan los territorios de Asturias, Castilla, León, Galicia, Cataluña o Aragón.

En el siglo XII encontramos ya el Reino de Portugal, el Reino de Castilla (ya unido al Reino de León), el Reino de Navarra y el Reino de Aragón (ya unido a Cataluña).

Con los Reyes Católicos se logra la unidad de todo el territorio, al que se incorporan Granada, Canarias y Navarra pero cada reino mantuvo sus divisiones administrativas propias: en Castilla, las provincias, y en la Corona de Aragón, los distritos en Aragón, las veguerías en Cataluña y Mallorca y en Valencia cuatro gobernaciones y once distritos.

Durante toda la Edad Moderna España no pasaba de ser un ente territorial con un mismo rey y una misma religión, los intentos de los Habsburgo de mayor unificación fracasaron.

En un mismo territorio coexistían dos concepciones o modelos de Estado: la Corona de Castilla, que pretendía se un Estado centralizado y la de Aragón, con una estructura organizativa de carácter federal.

La llegada de Felipe V, de la dinastía Borbón, a principios del siglo XVIII y los decretos de Nueva Planta asistimos a una castellanización del territorio español y a una mayor centralización, con el fin de fortalecer la autoridad real.

Instituciones aragonesas, como las Cortes o el Justicia Mayor, fueron suprimidos y las instituciones locales y la ordenación territorial de Aragón serán reestructuradas según el modelo castellano.

A partir de 1718, Felipe V creó, tomando como base las provincias preexistentes creadas por los Austrias, las intendencias, a las que posteriormente denominará provincias. Al frente de cada una de ellas se situará un funcionario que representará al rey.

Pese a esto, el centralismo no será completo. En el seno de estas provincias pervivirán otras subdivisiones tradicionales, algunas de las cuales disfrutaban de derechos históricos a los que no renunciarán. De este modo, la racionalidad y la eficacia administrativa no dejaron de ser un mero espejismo.

Durante el siglo XIX, en España se asiste a una lucha entre el Antiguo Régimen y el Estado liberal, con dos conceptos antagónicos de gobierno. El Estado liberal necesita una nueva ordenación del territorio, que le permita gobernar el país de manera uniforme, recaudar impuestos, y crear un mercado único con leyes iguales para todos.

El nuevo orden llega a España de la mano de Napoleón, que pone a su hermano José Bonaparte en el trono. En 1810, el gobierno josefino intenta ordenar el territorio, dividiéndolo en 38 prefecturas, al estilo de las establecidas en Francia, y 111 subprefecturas. Las prefecturas recibirían nombres relativos a accidentes geográficos, fundamentalmente ríos y cabos. Cataluña sería anexionada a Francia. Estas reformas nunca entraron en vigor.

Entre tanto, las Cortes de Cádiz (1811) derogan los señoríos jurisdiccionales, desapareciendo así la división entre señorío y realengo e intentan crear un nuevo régimen, también liberal, en el que todas las provincias tengan las mismas obligaciones.

La Constitución de 1812 no reconoce la personalidad política de los antiguos territorios históricos, aunque tendrán en cuenta la Historia a la hora de proponer su modelo de organización del territorio.

En 1813 encargan una nueva división provincial a Felipe Bauzá, que determina 36 provincias, con siete provincias subalternas, con criterios históricos. Pero nada de esto se aprobó, y el regreso de Fernando VII supuso la vuelta al Antiguo Régimen, con ciertas modificaciones. En 1817 España estaba dividida en 29 intendencias y 13 consulados.

Tras el levantamiento del general Riego, durante el Trienio Liberal (1820-1823), se impulsa la construcción del Estado liberal, y con él se promueve una nueva división provincial.

En enero de 1822 se aprueba, con carácter provisional, una división provincial de España en 52 provincias, ya agrupadas en 15 regiones. Pero la caída del gobierno liberal y la restauración del absolutismo dio al traste con el proyecto.

En 1823 se restablecen las provincias del Antiguo Régimen, por lo que el plan de 1822 nunca llegó a entrar en vigor, aunque será el antecedente inmediato de la casi definitiva división provincial llevada a cabo por Javier de Burgos en 1833, la cual se ha mantenido prácticamente sin cambios (a nivel provincial) hasta la actualidad.

Dividía el territorio español en 49 provincias a partir de un criterio racional, con un tamaño relativamente homogéneo y eliminando la mayor parte de los enclaves propios del Antiguo Régimen. A su cargo se situaba un Gobernador civil como jefe político que recibía órdenes directas desde Madrid, y una Diputación Provincial encargada de coordinar los municipios.

Ya en el siglo XX, en 1927, con la aparición de la provincia de Las Palmas, se aumentó el número de provincias a 50.

Pero los profundos cambios políticos, sociales, económicos y culturales de este siglo hicieron que a finales de siglo este modelo de ordenación territorial pareciera discutible.

El problema de la estructura de España fue uno de los más importantes en el primer tercio del siglo XX y la Segunda República quiso resolverlo con la instauración de un estado que reconociera ese sentimiento nacionalista.

Así, entre 1932 y 1936 se plantearon los proyectos de un Estatuto de autonomía para Cataluña, Galicia y País Vasco. Sólo el caso catalán salió para adelante. Navarra también aprovecha la situación comenzando a diferenciarse del País Vasco.

Tras la Guerra Civil, la dictadura de Franco instauró un Estado centralista e hipernacionalista, reprimiendo cualquier tipo de manifestación nacionalista periférica.

Con la transición democrática el problema de la organización territorial de España se ha convertido en uno de los grandes temas a resolver. La Constitución de 1978 establece que “el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan”.

De esta manera España se vertebra en 17 Comunidades Autónomas, que agrupan una o varias provincias, junto a dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla.

Las diecisiete autonomías son éstas:

  • Andalucía
  • Aragón
  • Cantabria
  • Castilla-La Mancha
  • Castilla y León
  • Cataluña
  • Comunidad de Madrid
  • Comunidad Valenciana
  • Extremadura
  • Galicia
  • Islas Baleares
  • Islas Canarias
  • La Rioja
  • Navarra
  • País Vasco
  • Principado de Asturias
  • Región de Murcia

Mapa autonómico de España

 

España

 

Fuente: Wikipedia